¡ATENCIÓN!-P. de la C. 862
La Cámara de Representantes Propone la Privatización del Este de Puerto Rico Transfiriendo Poderes de los Gobiernos Municipales y Estatales a un Privatizador Por Medio de un Contrato Leonino.
El P. de la C. 862, conocido como la Ley del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Este:
Traslada poder público y fondos colectivos a una corporación privada, centrada en la promoción turística y el manejo económico, sin controles democráticos, ni arraigo territorial, ni salvaguardas ambientales.
Subordina la gobernanza regional a un ente privado ajeno a la Región Este, sin estructura participativa local, sin anclaje en las cuencas ni representación democrática.
Le otorga a una entidad privada autoridad constituyente y recursos públicos para diseñar y manejar la estructura económica de toda una región.
Endosa una forma de captura institucional, donde una corporación privada se erige como intermediario del desarrollo regional, sustituyendo la planificación pública y la gobernanza democrática.
Le otorga poderes equivalentes a los de una corporación pública:
Puede administrar fondos públicos y federales.
Operar activos naturales y culturales bajo concesión.
Cobrar tarifas y emitir instrumentos financieros (bonos verdes, plusvalías, distritos
turísticos).
Representar a la Región Este ante foros nacionales e internacionales.
TRÁGICAMENTE EL P. DE LA C. 862
Privatiza lo público sin exigir cumplimientos con las leyes de Ética Gubernamental, Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) ni Acceso a la Información Pública (Ley 141- 2019).
El resultado es una estructura con autoridad pública y opacidad privada, incompatible con los principios constitucionales de rendición de cuentas y control ciudadano. No constituye innovación institucional, sino una privatización del poder público bajo el
lenguaje del desarrollo sostenible.
MÁS AÚN
El proyecto no hace referencia alguna al Plan de Uso de Terrenos (PUT), los Planes de Ordenación Territorial (POT) de los municipios, ni a los planes de manejo del Bosque Nacional El Yunque, las reservas costeras o las islas municipio.
Tampoco establece criterios de capacidad de carga, monitoreo ambiental, límites de uso o restauración ecológica.
El resultado será una fragmentación institucional que perpetúa el mismo problema que la ley pretende resolver.
El P. de la C. 862 autoriza la creación de mecanismos de captura de valor —plusvalías, distritos de mejora turística, tarifas ambientales— sin criterios de redistribución, transparencia o equidad.
Estos instrumentos se convertirán en cargas económicas sobre comunidades residentes y pequeños negocios, y en barreras de acceso a recursos públicos como playas y veredas.
La composición de la Junta que operará esta privatización favorece a entidades gubernamentales y empresariales. No garantiza representación proporcional de los municipios ni de las organizaciones comunitarias y ambientales de la Región Este. Define la participación ciudadana en términos consultivos, no decisionales.
ACTÍVATE Y EXPRESA TU OPINIÓN
La Región Este no necesita un nuevo intermediario corporativo.
El Bosque Nacional El Yunque no es un activo económico: es el corazón ecológico de Puerto Rico, la fuente que alimenta sus ríos, regula su clima y sostiene su cultura. Cualquier proyecto de desarrollo que ignore ese hecho —o que lo subordine a la lógica de la promoción económica— está condenado a reproducir la crisis que dice querer resolver